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El Gobierno británico ha pospuesto el ingreso de los primeros huéspedes de su polémica «cárcel-flotante», la embarcación ‘Bibby Stockholm’, que se ha convertido en el símbolo de la nueva política migratoria de ese país.
La nave, preparada para acoger a al menos 500 solicitantes de asilo en Reino Unido, tocó puerto el 18 de julio en la isla de Portland, en el sur de Inglaterra. Desde entonces, comenzó la cuenta atrás que concluiría este martes con el traslado de los primeros 50 migrantes. No ha pasado y el Gobierno de Rishi Sunak no precisa una nueva fecha.
«No puedo ponerle un marco de tiempo», respondió el ministro de Transporte británico, Richard Holden, a la televisión Sky News acerca de los motivos que han impedido este martes al Ministerio del Interior a retrasar la puesta en marcha del plan de alivio migratorio, bajo el que han justificado la habilitación de la ‘Bibby Stockhom’.
El funcionario explicó que el polémico refugio «está pasando por sus controles finales en este momento» para garantizar que «cualquier alojamiento que proporcionemos también sea seguro. No puedo ponerle un marco de tiempo».
Holden evitó en todo momento ofrecer detalles sobre el proceso que se sigue en la embarcación y, también, se reservó el plazo que tomará. «No puedo comentar sobre el proceso en curso de controles y cosas que tienen que ocurrir, pero tengo entendido (está) en sus controles finales», reiteró al informativo.
La ley que restringe el derecho de asilo
El plan inicial de Reino Unido consiste en albergar a 500 solicitantes de asilo -todos varones y solteros- durante 18 meses, para abaratar los costes de alojamiento de solicitantes de refugio en hoteles que, según el Ejecutivo británico, superan los ocho millones de euros.
El Ejecutivo británico no ha ofrecido números sobre el coste de mantener operativo el barco, pero medios de ese país estiman que solo el alquiler ronda los 20.000 euros por día.
El «barco prisión» tiene 222 habitaciones con capacidad para 506 personas, y cuenta con espacios recreativos, como un gimnasio, un bar y billar. Fue activado en el marco de la aprobación de una controvertida ley contra la inmigración irregular, que restringe el derecho al asilo y que ha sido calificada de violatoria de los derechos humanos por la ONU y ONGs que trabajan con refugiados.
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