Rusia ordena la búsqueda y captura de la jueza del Tribunal Penal Internacional que emitió el arresto contra Putin

El Ministerio del Interior de Rusia ha incluido en la lista de personas buscadas a la jueza del Tribunal Penal Internacional Tomoko Akane, que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

Según ha informado la agencia de noticias TASS, la base de datos del Ministerio del Interior ruso ha incluido a la magistrada japonesa, «buscada en virtud del Código Penal», sin detallar qué artículo es el que habría violado.

El Comité de Investigación de Rusia abrió en marzo una causa penal contra la cúpula del TPI como represalia por las órdenes de arresto dictadas contra Putin y la principal responsable de los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, por permitir la supuesta deportación forzada de niños ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia.

Este comité señaló, además de a Tomoko, a los jueces Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez, así como al fiscal general, Karim Khan, por inculpar a una persona supuestamente inocente y acusar a un mandatario extranjero protegido.

El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.

Las órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos ‘in absentia’ del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.