un juez bloquea las restricciones a la petición de asilo

Esa política ha estado en vigor desde mediados del pasado mes de mayo, cuando decayeron las restricciones a la solicitud de asilo impuestas durante la pandemia de Covid-19 mediante el Título 42, una provisión de salud pública.

Después de que el año pasado se registraran niveles récord de entrada de inmigrantes indocumentados en EE.UU., la Administración Biden temía que el fin del Título 42 empeorara todavía más la situación en la frontera. La decisión fue imponer nuevas y más duras restricciones a la petición de asilo: de forma general, la norma impide pedir asilo a cualquier persona que cruce la frontera de manera ilegal sin tener una cita para el procesamiento de su petición o que no pueda probar que haya tratado de encontrar refugio en otro país por el que haya pasado de camino a EE.UU.

Para pedir asilo hay que hacerlo a través de una aplicación digital de citas, a través de programas específicos para ciudadanos de algunos países que tengan espónsor en EE.UU. -Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Ucrania- o en situaciones de peligro inminente para la salud o la seguridad del solicitante.

Desde su entrada en vigor, los activistas pro-inmigración habían criticado con dureza la medida. Aseguran que pone en riesgo a muchos inmigrantes -hay miles de personas al otro lado de la frontera, en campamentos sin servicios mínimos y enfrentados a peligros de seguridad- y que viola la ley estadounidense, que establece que todo extranjero tiene derecho a pedir asilo, con independencia de cómo fue que entrada en el país.

Demandaron ante un juez federal amable en asuntos migratorios, Jon Tigar, que ya había bloqueado con anterioridad otras regulaciones restrictivas, y les ha dado la razón. Esta política de la Administración Biden es «sustancial y procedimentalmente inválida», escribió el juez en su decisión.

Las autoridades solicitaron un aplazamiento del bloqueo de su plan y el magistrado concedió un plazo de 14 días, que podría extenderse ante la segura apelación que la Administración Biden hará a la decisión.

El asunto podría acabar por ventilarse ante el Tribunal Supremo, pero está por ver qué efecto tendrá en la situación en la frontera. El pasado junio, el primer mes en el que estuvieron en vigor las nuevas restricciones sobre petición de asilo, el número de entradas ilegales en la frontera sur cayó a menos de cien mil, una caída del 42% y su registro más bajo desde febrero de 2021.

Las autoridades temen que el bloqueo a las restricciones suponga un efecto llamada y que los inmigrantes vuelvan a buscar cruzar la frontera de forma masiva. Ocurre en un momento en el que la capacidad del sistema judicial estadounidense para procesar solicitudes de visado está colapsado, incluso con los esfuerzos para dotar de mayor personal y en un momento de caída de entradas, una circunstancia que muchos inmigrantes aprovechan para vivir y trabajar en territorio de EE.UU. mientras se procesan sus peticiones. Y también en un momento de importancia política para Biden: en la antesala de la campaña de reelección a la Casa Blanca, en la que la situación migratoria será clave.